Sr. Presidente del Gobierno:
Dentro de dos días se cumplen 34 años de la ejecución de mi hermano Xosé Humberto Baena Alonso por el régimen franquista. Espero que en esta ocasión, tras cuatros años escribiéndole sobre el asesinato de mi hermano por parte del Estado para pedirle su ayuda para reparar esta injusticia, tenga a bien al menos contestarme a las dos peticiones, que le llevo haciendo desde 2006, una solución para el caso de mi hermano y la eliminación total de la pena de muerte en la Constitución española.
La primera de mis peticiones se refiere a una solución política y jurídica al caso de mi hermano, porque hemos agotado los recursos judiciales en España y en Europa. La Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, conocida como Ley de “Memoria Histórica”, nos dejó en la más absoluta incertidumbre. He agotado los recursos judiciales en España y en Europa y esta Ley no nos ofreció una salida para limpiar el nombre de mi hermano. Como sabe, la Ley 52/2007 permite recurrir ante el Tribunal Supremo las sentencias "ilegítimas" de una serie de tribunales, pero a quienes, como yo, ya hemos hecho ese recorrido y hemos recurrido sin éxito ante el Supremo y el Constitucional, no nos da una solución, nos olvida. Somos un caso único entre las víctimas de los juicios injustos del Franquismo, que seguimos luchando para conseguir Verdad, Justicia y Reparación.
Solucionar esta injusticia es muy sencillo para Usted. Con la voluntad política suficiente puede promover la aprobación en el Parlamento español, una Ley que declare la nulidad de los juicios injustos celebrados durante la Guerra Civil y el Franquismo, tal como hizo Alemania hace unos años con los juicios injustos del nazismo. Sería la mejor forma de evitar el calvario que hemos tenido que sufrir en mi familia a las decenas de familias que han pasado por la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo pidiendo la revisión de condenas de muerte dictadas en juicios sumarísimos después de la Guerra Civil. Lamentablemente, como sabe, desde 2000, en todos ellos y de manera sistemática el Ministerio Fiscal se ha opuesto a la revisión de los mismos. Yo le pregunto, una vez más, Sr. Presidente, ¿por qué no hace como Alemania y anula los juicios injustos del Franquismo mediante una Ley?
Le pido su ayuda para conseguir la anulación del injusto Consejo de Guerra sumarísimo al que fue sometido mi hermano en 1975, ejecutado el 27 de septiembre de dicho año. Como ya le expliqué en mis anteriores cartas, mi hermano fue ejecutado tras una farsa de juicio donde se vulneraron todas las leyes y no se consintió que se aportara ninguna prueba, ni de balística ni de testigos presenciales (que los había). Este domingo un grupo de amigos y familiares, así como asociaciones de derechos humanos y de recuperación de la memoria histórica le haremos, como todos los años, un pequeño homenaje en el cementerio de Pereiró en Vigo, donde está enterrado. Como puede suponer, se trata de un día muy especial para mí, donde una vez más aflorarán numerosos recuerdos y heridas sin cerrar. Por eso le escribo, porque, en su mano, como máximo responsable del gobierno de España, está el contribuir de manera decisiva a que mi familia pueda cerrar definitivamente esa herida y mirar hacia el futuro.
En unas semanas podré enviarle una copia de la película documental “Septiembre del 75”, que se estrenará próximamente, que demuestra la inocencia de mi hermano del delito del que se le acusó. Este trabajo, dirigido por Adolfo Dufour y producido por la empresa Pantalla Partida, es fruto de una profunda investigación de más de un año que saca a la luz todas las irregularidades cometidas en el caso. Le ruego que dedique un rato de su tiempo a este caso y la vea cuando la reciba. Permítame, Sr. Presidente, contarle algunas cosas de mi hermano. Al terminar el bachillerato en el Instituto Santa Irene de Vigo, quiso estudiar en la Universidad de Santiago Filosofía y Letras. Como tenía unas notas fabulosas le dieron una beca y para allí se fue. En una sentada estudiantil lo detuvieron y no le permitieron presentarse a los exámenes, perdiendo así un año de estudios. Se celebró el juicio y fue absuelto. Pasados ya unos años y de vuelta del Servicio Militar, se presentó a las pruebas para entrar en una empresa (Citroën), pasándolas con éxito. Sin embargo, le pidieron el certificado de penales y la policía se lo denegó hasta que hubieran pasado cinco años del juicio en el que había sido absuelto.
Por fin logra colocarse como simple peón de fundición y unos meses después pasó a desempeñar en otra empresa un puesto técnico. Llegó el 1 de Mayo de 1975. Un grupo de muchachos se manifestaba en la Travesía de Vigo y un guardia civil de paisano sacó una pistola y disparó a un empleado de FENOSA que estaba trabajando como vigilante. Entre varios trabajadores se hizo una colecta para una corona de flores y una esquela que se publicó en el periódico “Faro de Vigo”. Mi hermano figuraba en esa relación. Aquí empezó la tragedia.
Unos días después se presentó la policía en casa para hacer un registro con resultados negativos. El despliegue de fuerzas fue tal que todo el barrio se enteró y alertaron a mi hermano cuando venía para casa. Por temor a los métodos que empleaba entonces la policía para hacer confesar delitos no cometidos decidió escapar a Madrid. Dos meses después nos enteramos por televisión de que se le acusaba de la muerte de un policía, crimen que no pudo haber cometido porque no estaba en el lugar del asesinato ese día. Él no supo de qué se le acusaba hasta cinco días después de ser detenido y torturado. El día del juicio fuimos mi padre y yo a Madrid pero al llegar a “El Goloso” (Hoyo de Manzanares) no nos permitieron la entrada. Esperamos hasta las cinco de la tarde, hora en la que el abogado nos dice que hay cinco condenados a muerte.
Los dos meses siguientes lo vimos sólo los sábados durante quince minutos, después de pasar toda la noche en tren, y siempre entre rejas y un cristal con un guardia separándonos. El 26 de septiembre (viernes) mi padre iba a marcharse en tren con mi hermano Fernando, pero a las 8:30 de la tarde una llamada del abogado nos decía que teníamos que estar en Madrid antes de las 7 si queríamos ver por última vez con vida a Piter, que era como le llamábamos a mi hermano en la familia. Tomaron un taxi y llegaron a las 6:30. Hablaron media hora con él y se reafirmó en que era inocente, que lo habían hecho firmar no sabía qué. Se cumplió la sentencia. Esperamos ocho días para traerlo a Vigo para evitar que hubiese más detenidos y, cuando lo trajimos, nos lo secuestraron en Porriño y a las ocho de la mañana abrieron el cementerio para enterrarlo a él solo. Mi padre y mi madrina fueron los únicos que, por casualidad, estuvieron presentes, ya que se encontraron en la carretera con un coche fúnebre de Madrid escoltado por la policía y comprendieron que era él.
A partir de ese momento empezó una lucha desesperada por demostrar la injusticia. Primero mi padre, después mi madre y ahora yo aunque siempre se nos cerraron todas las puertas. No dudo que tiene que ser difícil y complicado abordar este asunto, pero le pido que corrija esta injusticia. El Estado privó a ciertas víctimas como mi hermano y yo de recursos efectivos contra graves abusos durante años y ahora eso puede corregirse.
Presentamos un recurso sobre el caso de mi hermano ante el Supremo y posteriormente el Tribunal Constitucional y se lo rechazaron, porque en 1975 no estaba en vigor la actual Constitución. Después recurrimos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo y su contestación fue que no podían hacer nada porque España en 1975 no había firmado la Convención Europea de Derechos Humanos. ¡Cómo si para disfrutar de los derechos humanos éstos tuvieran que firmarse! Al cerrárseme todas las puertas para revisar y anular el juicio de mi hermano, tendremos que recurrir al Comité de Derechos Humanos de la ONU, al amparo del Protocolo Opcional del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Pero todo sería más rápido (y hasta este recurso sería innecesario) si el gobierno que Vd, preside tuviera la voluntad política suficiente para aprobar, como hizo Alemania hace unos años con los juicios injustos del nazismo, una Ley que declare la nulidad de los juicios injustos celebrados durante la Guerra Civil y el Franquismo.
Como sabe, seguí de cerca la elaboración de la Ley de Memoria Histórica desde la misma creación de la Comisión Interministerial encargada de ello en septiembre de 2004. Le escribí a Vd., a la Vicepresidenta 1ª, al Ministro de Justicia y a todos los grupos parlamentarios sobre este asunto en diversas ocasiones a lo largo de estos últimos cuatro años. Mantuve también reuniones con diputadas del PSOE y del BNG para recabar su apoyo en este tema. Previamente, en noviembre de 2005, el Ayuntamiento de Vigo aprobó una moción, con los votos favorables del PP, PSOE y BNG, que pedía la anulación de las sentencias de las personas ejecutadas en el Franquismo. La entonces Alcaldesa de Vigo se dirigió a Vd. por escrito en este sentido. Aunque Ley 52/2007 tiene aspectos positivos, no garantiza el derecho a la Verdad, la Justicia y la Reparación, pilares básicos del derecho internacional en lo que afecta a víctimas de graves violaciones de derechos humanos, como es el caso de mi hermano, torturado, acusado de un delito que no cometió, juzgado en un proceso injusto a todas luces y finalmente ejecutado.
La Ley 52/2007 reconoce a través de una fórmula ambigua, como es la declaración de “ilegitimidad” de determinados tribunales y de las condenas y sanciones dictadas por motivos ideológicos, políticos o de creencia religiosa, algo que según el derecho internacional no tiene valor jurídico. Y renuncia a la oportunidad de garantizar un recurso idóneo y eficaz para la obtención de la nulidad de esas sentencias. No garantiza el derecho de las víctimas a obtener justicia individualizada y material. La eficacia de esa declaración de “ilegitimidad” deberá solventarse en los tribunales y en cualquier caso deja en la incertidumbre a quienes, como yo, ya hemos intentado la nulidad de condenas a muerte con los recursos disponibles hasta ahora y con resultado adverso. Además, esa declaración de ilegitimidad es insuficiente, porque yo no necesito un “certificado de víctima” de mi hermano, sin efecto jurídico alguno. Eso no me sirve para nada, lo que yo quiero es que se limpie el nombre de mi hermano. Las normas internacionales de derechos humanos me dan derecho a una reparación integral, que incluya los elementos de Restitución, Indemnización, Rehabilitación, Garantías de No Repetición y Satisfacción, incluida una declaración oficial o judicial que restablezca la reputación, dignidad y derechos de mi hermano, así como una disculpa pública que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades. Así lo establece la Resolución 2005/35 de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.
En mi caso particular no deseo una indemnización económica, lo único que busco es que se anule el juicio de mi hermano y se limpie su nombre. Otras víctimas y familias pensarán de modo diferente y tienen derecho a reclamar indemnizaciones, pero a mí me mueve únicamente el afán de justicia y limpiar el nombre de mi hermano, acusado de un delito que no cometió, torturado y condenado en un juicio injusto tras el que fue asesinado por el Estado. Sr. Presidente, llevo más de tres décadas esperando una disculpa oficial del Estado. ¿Hasta cuándo debo esperar? Ni una sola palabra de ánimo, ni de comprensión, ni una disculpa…
Mi situación es única. Según la Ley Orgánica del Poder Judicial, sólo puedo presentar un nuevo recurso en el Supremo si aporto nuevas pruebas, lo cual no es el caso. He agotado todas las vías e instancias judiciales en España y Europa y, aunque está la posibilidad de recurrir ante la ONU, que no descarto ¿qué solución me da para el caso de mi hermano? La Ley 52/2007 me deja en una situación de incertidumbre absoluta.
Para hacer justicia con las víctimas de los juicios injustos del franquismo, Usted tiene dos opciones, no excluyentes: La primera posibilidad es crear una Comisión de la Verdad como en otros países, que catalogue las violaciones y abusos cometidos contra los derechos humanos según el derecho internacional, de forma que la Fiscalía General del Estado revise y anule, en su caso, y de oficio, los juicios injustos. La segunda opción es anular los juicios injustos mediante una ley específica, tal como hizo Alemania en 2005 con los juicios nazis. Sea valiente, Sr. Zapatero, y hágalo por una cuestión de principios. En muchas ocasiones le he oído decir que su gobierno defiende los derechos humanos. Pues bien, ahora tiene una ocasión excelente para demostrarlo y traducir en hechos concretos esas palabras y su creencia en unos principios basados en el respeto a los derechos humanos.
Reclamo que finalmente, después de más de tres décadas años de democracia, el gobierno reconozca el derecho de familiares y víctimas directas de violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y del régimen franquista, como es mi caso, a saber la verdad sobre sus seres queridos y a obtener justicia y reparación. Estoy plenamente convencida de que este reconocimiento no debe ser considerado un acto de gracia sino un derecho basado en las normas internacionales de derechos humanos. Numerosos medios de comunicación locales, regionales y nacionales se hicieron eco de mi petición en los últimos años.
Ya es tarde para muchas víctimas y familiares, como mis padres, que fallecieron sin poder ver como se limpiaba el nombre de su hijo, pero no para todas. Haga justicia, Sr. Presidente. No me defraude un año más, Sr. Zapatero, y no desaproveche la ocasión de oro que tiene de reparar tamaña injusticia. Yo le voté en las elecciones de 2004, creí en Vd. y pensé que iba a ayudarme a cerrar la herida abierta en mi familia con este tema, que nos persigue desde hace más de tres décadas.
Por último, quiero acabar mi carta con una segunda petición concreta. Soy consciente de su compromiso contra la pena capital y me congratulo por ello. Como hermana de una víctima de la pena de muerte, pocas personas en España saben tan bien como yo todo el horror, el dolor y la tristeza que conlleva la pena de muerte. Por ello acogí con enorme satisfacción la iniciativa que anunció en 2008 para impulsar una suspensión de las ejecuciones en todo el mundo como paso previo para su abolición universal. En consonancia con ello, le pido que impulse la prohibición expresa de la pena de muerte en una futura reforma de la Constitución española, tal como le ha pedido Amnistía Internacional en varias ocasiones. Confío en que la sociedad española respalda abrumadoramente este cambio. Hablo con la autoridad moral que me da el ser familiar directa de una víctima de la pena de muerte, y sé que no sirve absolutamente para nada, que la pena capital es un despropósito. Como sabe, más de 40 constituciones en el mundo prohíben expresamente la pena de muerte. En 1995 se derogó del Código Penal Militar español la posibilidad de aplicarla en tiempos de guerra, pero la Constitución española sigue haciendo una mención expresa a la pena de muerte en el artículo 15, que dice“(...) Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra”. Le pido, Sr. Presidente, que elimine esta mención de la Constitución española, que debería incorporar una prohibición expresa del uso de la pena de muerte, como ya hizo por ejemplo Francia en febrero de 2007.
Si lo desea y su apretada agenda se lo permite, tendré mucho gusto en mantener una entrevista personal con Vd. sobre este tema o con miembros de su gabinete o cualquiera de sus asesores. Le agradeceré me conteste a las dos demandas planteadas en esta carta.
Atentamente,
Fdo. Mª Flor Baena Alonso
Cc:
Dª María Teresa Fdez. de la Vega, Vicepresidenta del Gobierno
D. Francisco Caamaño Domínguez, Ministro de Justicia
D. Cándido Conde-Pumpido Tourón, Fiscal General del Estado
Benvolguts i benvolgudes,
